Por lo corrido del año los 11 municipios no certificados del Quindío (EXCEPTO ARMENIA, quien desde la secretaría de educación municipal expresó que dicho programa marcha en orden, salvo por la cobertura, que aún no ha logrado llegar al 100% de los estudiantes) han batallado con el Programa de Alimentación Escolar, siendo más de 30.000 niños los afectados por la negligencia y falta de voluntad política, pues la permisividad con los operadores contratados ha sido evidente, lo cual ha llevado a que los menores, no tengan un alimento digno en sus instituciones educativas.

Los docentes denuncian que además de la comida en pésima condición, las clases se están viendo afectadas, pues son los mismos profesores quienes deben estar pendientes del control de las raciones, llamar a lista, verificar qué estudiantes PUEDEN O NO ACCEDER A UN PLATO DE COMIDA, tiempo que ocupa un 80% de la clase, según lo expresan.

La hoy cancelación del PAE no afecta sólo los recursos públicos, sino a las familias más vulnerables del departamento, que en una gran mayoría, envía a sus hijos al colegio, con la esperanza de que allí puedan recibir al menos un plato de comida que ellos no pueden brindarles.

Las respuestas evasivas por parte de los entes gubernamentales, también abren la puerta a dudas, que en medio de los escándalos de los últimos días, generan mayor inquietud ¿Son los niños sólo una fachada para la administración Jaramillo? ¿Por qué «el mejor gobernador del país» no actúa de forma contundente con el tema del PAE? ¿Quién se lucra con el dinero de los alimentos de los niños? ¿Es uno de los tantos casos de corrupción que hacen famoso al Quindío?